El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, defendió ayer la oportunidad abierta para la farmacia madrileña de prestar los nuevos servicios de SPD -sistema personalizado de dosificación- y atención farmacéutica domiciliaria para atender las necesidades de los ciudadanos.
“Queremos que todas las farmacias sean capaces de hacer un servicio de SPD”, afirmó durante la III Jornada Nacional sobre el Servicio de Reacondicionamiento de Medicamentos utilizando SPD, que organiza la Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), en colaboración con la Fundación Viatris.
En su intervención en una mesa redonda sobre el actual desarrollo normativo de los servicios de SPD y atención farmacéutica domiciliaria (AFD) recogidos en la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que contó con la participación de la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno, destacó “la oportunidad” que supone prestar estos servicios. Señaló que el objetivo prioritario del Colegio “es extender el uso de estos servicios a todos aquellos pacientes que cumplan con el perfil adecuado y los necesiten”.
Se trata, según explicó, de hacer frente así al desafío del alto porcentaje de pacientes crónicos, polimedicados y dependientes que no siguen de forma correcta sus tratamientos o tienen dificultades de acceso a la medicación y a la atención farmacéutica.
Tanto en el servicio de SPD como de AFD, dirigido este último a la población en situación de dependencia o discapacidad y con limitación para desplazarse a la farmacia, subrayó la importancia de “hacer valer el criterio de proximidad de las farmacias a los pacientes” para afrontar así el reto social y sanitario que supone. Recordó también que el 50 % de los enfermos crónicos no cumple adecuadamente con su tratamiento y que un tercio de los mayores de 65 años toma cinco o más medicamentos al día.
Para ello, el Colegio ha planteado a la Administración una serie de propuestas sobre las condiciones y los requisitos técnico-sanitarios que permitan que cualquiera de las casi tres mil farmacias de la Comunidad de Madrid pueda prestar el servicio de SPD en un marco de claridad, rigor y uniformidad en todas las farmacias, donde sea la propia farmacia dispensadora, y no terceros, -según precisó-, a que elabore el SPD. “Si no haces el servicio, no se hace la dispensación”, afirmó.
Pilar Jimeno defendió la voluntariedad del servicio y la necesidad de una normativa “que no ahogue, pero que ofrezca seguridad al paciente”, si bien destacó también la oportunidad que representa para todos los farmacéuticos. “Es un tren que hay que coger”, instó.
Financiación de los servicios
En referencia a la retribución de estos servicios durante el debate moderado por el presidente de SEFAC, Vicente J. Baixauli, Jimeno dijo que no se recogerá en el proyecto normativo, al no ser competencia de este texto. Martínez del Peral resaltó que “son servicios que deben remunerarse, al ser soluciones de gran valor añadido y porque, además, tienen costes que hay que sufragar”.
“Pedimos que quede abierta la opción de concertación o financiación de estos servicios”, reclamó, y expuso la necesidad de generar evidencia científica del ahorro que generan y remunerar algún proyecto piloto para demostrar los resultados.
En esta línea propuso que una parte de los ahorros generados cada año por las farmacias madrileñas (75 millones de euros), como consecuencia de la aplicación de los reales decretos de deducciones sobre las ventas que realizan las farmacias, retorne a las farmacias para financiar estos servicios.
Canal de comunicación directo con el médico
Por último, el presidente del COFM apostó por que el sistema de receta electrónica sea “el mecanismo de comunicación para todo”. “Estamos trabajando para abrir un canal de comunicación directo entre el farmacéutico y el médico o la enfermera, que sea bidireccional, con capacidad de respuesta”, aseguró.
Puso como ejemplo la herramienta de bloqueo cautelar, una opción que los médicos no han percibido como invasiva, afirmó, y con la que los farmacéuticos comunitarios han realizado 8.000 bloqueos de recetas por posibles errores y problemas relacionados con los medicamentos, de los que uno de cada cuatro bloqueos entrañaba un riesgo grave para el paciente.
