La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) atraviesa una crisis significativa que afecta tanto a sus beneficiarios como al sistema sanitario español.
Recientemente, las principales aseguradoras que colaboraban con MUFACE—Adeslas, Asisa y DKV—han decidido no renovar su participación en el concierto para el período 2025-2026, argumentando que la oferta económica del Gobierno es insuficiente para cubrir los costos de la asistencia sanitaria.
Esta situación pone en riesgo la atención sanitaria de aproximadamente 1,5 millones de funcionarios y sus familias, quienes podrían verse obligados a recurrir al sistema público de salud.
El Ministerio de Sanidad ha considerado la posibilidad de disolver MUFACE y transferir a sus usuarios al Sistema Nacional de Salud (SNS) en un plazo de nueve meses, calificando el modelo actual de «insostenible», según informó hoy la Cadena Ser.
Las comunidades autónomas han expresado preocupación por el impacto que esta medida tendría en sus sistemas sanitarios.
Regiones como Andalucía, Madrid y Cataluña, que cuentan con un alto número de mutualistas, podrían enfrentar una sobrecarga significativa en sus servicios de salud público.
En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente al Ministerio de Sanidad, acusándolo de poner en riesgo la salud de los funcionarios y de buscar colapsar el sistema sanitario público.