El Consejo de Ministros aprobó hoy la segunda licitación para el concierto de Muface, después de que las aseguradoras dejasen desierta la primera propuesta.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comunicado un incremento acumulado de la prima del 33,5%, lo que supone un importe de 4.478 millones de euros, para los años 2025, 2026 y 2027.
“Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad”, ha insistido Alegría en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros.
En concreto, con la nueva dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% más en 2026; y otro 4,32% en 2027. “La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027”, indican desde el Ministerio de Función Pública.
Además, entre las novedades que incorpora la nueva licitación, “se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes”.
Finalmente, la subida total que ofrece el Gobierno es 8,5 puntos superior a la previsión de la Fundación Idis, que ya con un 25% consideraba que “alguna aseguradora pueda concurrir, con lo que se da un paso adelante al modelo por un periodo de tres años”. Fuentes de Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan servicio actualmente han expresado cautela a Europa Press, a falta de conocer los pliegos.
Pese a defender la mayor subida de la historia, del 17% para los años 2025 y 2026, el Ministerio de Función Pública dejó clara desde el primer momento su intención de elaborar una segunda licitación, que mejorase las condiciones y contentase a las aseguradoras privadas, que actualmente prestan servicio a unos 770.000 trabajadores públicos y a otros 424.000 beneficiarios.
Sin embargo, el departamento que dirige Óscar López, dio un giro al procedimiento, al abrir un periodo de consultas preliminares de mercado para que estas compañías justificasen por cuánto estarían dispuestas a seguir dando esa asistencia.
La última semana los sindicatos habían aumentado la presión, con diferentes protestas enfocadas a forzar un acuerdo entre el Gobierno y las compañías para garantizar la asistencia sanitaria privada a los funcionarios públicos.