El Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el Real Decreto 366/2024, que otorgaba a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias sobre la homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros, según ha informado en una nota de prensa la Organización Médica Colegial de España (OMC). La decisión se produce tras un recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo General de Médicos de España (CGCOM) y otras entidades profesionales en julio de 2024.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado que la competencia para verificar la homologación de títulos extranjeros es una facultad exclusiva del Estado. Según el fallo, esta tarea requiere comprobar los estándares educativos de los títulos obtenidos en el extranjero, lo cual corresponde al ámbito estatal, tal y como establece el artículo 149.1 de la Constitución Española.
En su sentencia, el tribunal recordó que el Tribunal Constitucional ha sostenido previamente que la actividad administrativa relacionada con la expedición de títulos universitarios es competencia exclusiva del Estado, incluida la verificación de títulos extranjeros. En este sentido, la transferencia de competencias al País Vasco en materia de homologación vulnera este principio.
El Consejo General de Médicos, que ha liderado la impugnación junto con la Unión Profesional, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, y otras organizaciones, celebró la decisión del tribunal. El presidente de la OMC, Dr. Tomás Cobo, expresó su satisfacción por la anulación del traspaso, señalando que la medida adoptada por el Gobierno Vasco «iba exactamente en dirección contraria al propósito de la profesión médica europea que trabaja desde las diferentes instituciones en la armonización de criterios comunes que garanticen al ciudadano europeo una asistencia sanitaria de excelencia«.
En su comunicado, el CGCOM recordó que la Asamblea General de la Organización Médica Colegial había manifestado su oposición a la medida en abril de 2024, lo que llevó a la presentación del recurso. Además, la OMC subrayó que esta resolución fortalece el marco normativo que regula la homologación de títulos extranjeros y asegura que las competencias en este ámbito continúen bajo el control del Estado, evitando descoordinaciones que puedan perjudicar la calidad educativa y profesional en España.