Ricardo de Lorenzo, director de los servicios jurídicos del Consejo General de Médicos, ha solicitado la intervención de la Unión Europea en lo que respecta a la situación de los profesionales sanitarios en Ceuta y Melilla, una situación que afecta directamente a la salud pública, la calidad asistencial y el principio de equidad en el acceso al sistema sanitario nacional.
De Lorenzo ha hecho esta petición durante su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y en respuesta a la contestación de la Comisión Europea sobre la situación sanitaria en Ceuta y Melilla.
En una nota de prensa, esta organización señala que el director de los servicios jurídicos del CGCOM expuso que “la situación que atraviesan Ceuta y Melilla no puede seguir siendo tratada como una competencia meramente nacional, cuando lo que está en juego es el cumplimiento del Derecho comunitario, la equidad territorial y los derechos fundamentales de profesionales y pacientes”.
Resumió su participación en cuatro puntos esenciales la respuesta en referencia a las condiciones laborales de los médicos del servicio público de sanidad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En primer lugar, destacó que “la Comisión sí tiene competencias para actuar ante el incumplimiento del Derecho de la UE”, pues, aunque la organización y prestación de los servicios sanitarios es competencia a los Estados miembros, “esto no exime a la Comisión de su obligación de garantizar el respeto a las normas y principios fundamentales del Derecho de la Unión”. Así, se produce una vulneración de la Directiva 2023/88/CE, se compromete el derecho fundamental a la salud y a condiciones laborales dignas, y existen importantes desigualdades territoriales, resaltó de Lorenzo.
El segundo aspecto que destacó fue que “la aplicación práctica de los instrumentos europeos es insuficiente”. En este sentido, aunque en la contestación de la CE se hace referencia a los fondos europeos, “la realidad en Ceuta y Melilla demuestra que estos recursos no están teniendo impacto tangible ninguno”, afirmó. No ha habido mejoras en la dotación de personal, incentivos reales para cubrir las vacantes, ni se han aplicado las medidas habilitadas por el RD 118/2023, explicó el letrado durante su comparecencia.
En tercer lugar, Ricardo de Lorenzo señaló que “la situación afecta a derechos fundamentales y puede constituir una infracción sistemática”, ya que los facultativos trabajan de forma habitual más horas de las que permite la ley. Esta situación “afecta directamente a la salud pública, a la calidad asistencial y al principio de equidad en el acceso al sistema sanitario nacional”, expuso. Por ello, desde el CGCOM se solicita que la Comisión evalúe si se trata de una infracción estructural continuada del Derecho europeo.
En última instancia, el director de los servicios jurídicos del CGCOM solicitó a la UE que te tomen medidas concretas y que se realice un seguimiento activo, ya que los proyectos e informes actuales “no están abordando de manera específica ni eficaz la situación en Ceuta y Melilla, lo que perpetúa una clara discriminación territorial dentro del Estado español”. Por esta razón, desde la corporación instan a la CE que se interpele al Estado español sobre las medidas aplicadas en estas regiones, que se estudie la posibilidad de abrir una investigación preliminar sobre le incumplimiento de la Directiva 2023/88/CE, que se incorpore esta situación a los informes del Semestre Europeo; y que se evalúe la opción de crear un instrumento europeo de seguimiento y alerta temprana ante crisis sanitarias regionales sostenidas.
El CGCOM recuerda, además, que su presidente, Tomás Cobo, Ricardo de Lorenzo comparecieron en noviembre de 2023 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para poner de manifiesto el deterioro de las condiciones laborales de los médicos del servicio público de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El CGCOM solicitó la intervención de la Unión Europea para solucionar la situación cercana al colapso que se está viviendo en estas dos ciudades autónomas. En enero de 2024, la Comisión emitió su respuesta, en la que concluía que “Habida cuenta de la distribución de las competencias, la Comisión no puede adoptar ninguna medida directa para remediar la situación de los sistemas sanitarios de las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la Comisión brinda ayuda a los Estados miembros para hacer frente a la escasez de personal sanitario y España es beneficiaria de estas medidas”.