La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha manifestado en toda España en defensa del modelo de prestación sanitaria de Muface.
En una nota de prensa, CSIF exige a Muface que intervenga y convoque de urgencia su Consejo General para analizar los casos en los que se ha cancelado la atención sanitaria a los funcionarios y las posibles consecuencias derivadas para las aseguradoras.
CSIF destaca que su presión ha permitido acercar posturas para la firma del próximo concierto, con un incremento de la dotación económica y por eso ha aplazado la huelga hasta que se resuelva la licitación. «En todo caso, vamos a estar vigilantes hasta que concluya la prórroga del concierto y a expensas de la denuncia que presentamos ayer ante la Fiscalía porque sigue habiendo situaciones de falta de atención sanitaria. Además, posteriormente, velaremos por el cumplimiento del nuevo acuerdo».
«En las concentraciones también denunciamos el abandono del Gobierno al conjunto de los empleados públicos: a fecha de hoy, seguimos sin ingresar el 0,5 por ciento adicional del año pasado, seguimos sin subida de 2025, sin oferta de empleo público y sin las mejoras prometidas en materia de jubilación parcial.
Las mejoras aprobadas, como la subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional deben de ir acompañadas también con las mejoras pendientes para nuestros servidores públicos.
Negociación con el Gobierno
Los empleados públicos pierden un 6% de poder adquisitivo desde que en 2022 se firmara el anterior acuerdo y más de un 20% desde los recortes de 2010. La nueva negociación debe permitir recuperar la estructura salarial previa a esa reducción en las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas.
Además, CSIF reclama mayor inversión y más plantillas suprimiendo la tasa de reposición, corregir las desigualdades retributivas entre administraciones, acabar con las desigualdades en las pensiones, jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, y la adecuación de los grupos profesionales o la carrera profesional.