La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha expresado su apoyo al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, presentado la semana pasada en el seno del Consejo Interterritorial y que «finalmente no pudo salir adelante por la oposición las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular con una clara demostración de oportunismo Político».
En una nota de prensa, la FADSP resalta que este plan ha sido fruto de un proceso de consenso con la participación de 30 sociedades científicas, asociaciones profesionales, de pacientes y agentes de la sociedad civil, así como personal técnico de todas las comunidades autónomas, a través del trabajo de los comités institucionales y técnicos del ministerio de sanidad en un proceso de meses de diálogo.
«La mayoría de sociedades de Psiquiatría y Psicología avalan el plan de salud mental y condenan que la confrontación política en el Consejo Interterritorial buscada por el PP lo haya dinamitado perjudicando a pacientes, familias y profesionales», afirma.
Por tanto, la FADSP aclara que este plan cuenta con el respaldo de la mayoría de profesionales y asociaciones del sector (tal y como estas han manifestado a través de diferentes comunicados) y ha sido una única asociación, la SEPSM (Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental) la que se desmarcó de manera tardía y «con argumentos poco sólidos como la falsedad de que reduce el número de profesionales y de que reducir el abuso de psicofármacos estigmatiza, a pesar de que estamos a la cabeza del mundo en su prescripción».
El plan de acción de Salud Mental 2025-2027 establece ocho líneas estratégicas fundamentales para la mejora de la atención en nuestra comunidad. Aborda el aumento del número de profesionales, con especial énfasis en la psicología clínica, la psiquiatría de la infancia y la adolescencia y la enfermería de salud mental. Incide en la promoción de la salud mental comunitaria, la búsqueda de alternativas a la hospitalización ante las crisis psicopatológicas, la mejora de la atención a los colectivos más vulnerables, el fortalecimiento de los derechos de los usuarios y su familia, así como la creación de sistemas de vigilancia y recogida de la información. También avanza en el campo de la salud mental relacionada con las condiciones del trabajo y aborda la cuestión de la desprescripción, de crucial importancia dado el excesivo consumo de psicofármacos de la población.
«Por todo lo anterior, instamos al organismo competente a reconsiderar su posición ya que dicho Plan es un avance para la Salud Mental dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud», concluye.