El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el conflicto en torno a Muface, la mutualidad que cubre a los funcionarios, está «resuelto» con la confirmación de dos grandes aseguradoras, Asisa y Adeslas. López ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los funcionarios, tras la incertidumbre generada por la licitación que finaliza este martes a medianoche. Aunque aún se espera la respuesta de DKV, el ministro considera que el proceso sigue adelante con normalidad.
Durante su intervención en el Mobile World Congress de Barcelona, López destacó que el problema está resuelto tras las decisiones de Asisa y Adeslas de presentarse a la licitación. También subrayó que, «dijimos a los mutualistas que estarían cubiertos por la ley de contratos del Estado y así ha sido hasta ahora». En cuanto a la participación de DKV, López precisó que, «hasta donde yo sé, se han presentado dos grandes aseguradoras» y aseguró que se respetarán los plazos y procedimientos establecidos.
El proceso de licitación para el servicio de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface expira esta noche, y la apertura de ofertas está prevista para mañana, 5 de marzo, a las 10:15 horas. Hasta el momento, solo Asisa y Adeslas han confirmado su intención de participar.
Por otro lado, el Gobierno ha incrementado su oferta para los funcionarios, alcanzando los 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades del contrato. Este aumento incluye una dotación adicional de 330,5 millones de euros, lo que eleva el coste final de la prima, que subirá un 41,2% al término del tercer año en comparación con el convenio actual. Las primas variarán según la edad de los asegurados, con cifras que van desde los 32,9 euros mensuales para los más jóvenes hasta los 273,97 euros para aquellos mayores de 74 años. Todas las primas estarán exentas de IVA.
Este nuevo acuerdo afecta a más de 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios, y se estima que el 65% de los titulares son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que el 17% pertenece a diferentes cuerpos de la Administración General del Estado.