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El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

El Ministerio de Sanidad informa que esta reforma tiene como objetivo fundamental garantizar que los centros cuenten con profesionales sanitarios que posean la titulación oficial, así como las competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que prestan.

Esta modificación refuerza el marco normativo que delimita qué profesionales pueden realizar intervenciones de cirugía estética, tras la identificación de riesgos asociados a prácticas realizadas por personal sin la cualificación adecuada. La normativa responde a la necesidad de garantizar que este tipo de procedimientos se lleven a cabo exclusivamente por especialistas con la formación oficial requerida.

Si bien el ámbito de la cirugía estética ha puesto de manifiesto la importancia de esta regulación, la norma extiende estas garantías al conjunto de la atención sanitaria, con el objetivo de minimizar errores y prevenir eventos adversos en cualquier unidad asistencial.

A través de la incorporación de un nuevo artículo, el Real Decreto establece la obligación legal a los centros y servicios sanitarios de asegurar que la atención sea prestada exclusivamente por personal con la titulación y competencias adecuadas. Para ello, los establecimientos deberán disponer de información actualizada de todo su personal sanitario, incluyendo de forma detallada su formación y especialidad oficial. Además, los centros tendrán la obligación de informar a los profesionales de nueva incorporación sobre las prácticas seguras implementadas para garantizar la seguridad del paciente.

La norma aprovecha esta reforma para poner al día el catálogo de unidades sanitarias, incorporando oficialmente las unidades de Radiofísica Hospitalaria (U.106) y Radiofarmacia (U.107). Asimismo, se actualizan las definiciones de unidades que habían quedado obsoletas, como Nutrición y Dietética, Planificación Familiar y Tratamiento del Dolor, para adaptarlas a los avances científicos actuales.

Calendario de implantación: La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, se establecen los siguientes plazos de adaptación:

• Seis meses para que los centros sanitarios dispongan de la información y expedientes actualizados de todo su personal en cumplimiento de las nuevas garantías de formación.
• Un año para que las comunidades autónomas adapten su oferta asistencial a las nuevas definiciones recogidas en los anexos del Real Decreto.

Esta iniciativa alinea a España con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la OMS, reforzando la calidad del Sistema Nacional de Salud consolidando un modelo asistencial basado en la seguridad y la calidad clínica.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó hoy en el acto conmemorativo del cincuenta aniversario de la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Según ha informado el Gobierno de Canareias, en el acto, Monzón estuvo acompañada por el rector de la ULPGC, Lluís Serra, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el decano y la decana de las facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna y de la ULPGC, José Luis Pais y María del Mar Tavío, respectivamente.

Durante su intervención, la consejera destacó algunos de los hitos alcanzados a lo largo de las cinco décadas de trayectoria de la Facultad, tales como la formación de cientos de médicos, la consolidación de los programas de posgrado y de especialización, la creación de convenios con los hospitales canarios e internacionales para la formación en Mozambique, por ejemplo, y la innovación en metodología de enseñanzas y de aprendizaje en medicina.

“En definitiva, como sociedad, hemos sido testigos de la evolución de la medicina, de los avances científicos y tecnológicos que han transformado la forma en que entendemos y abordamos la salud”, apostilló Esther Monzón.

También destacó el papel fundamental de los docentes que han contribuido a la mejora de la sanidad en el archipiélago, compatibilizando en la mayoría de los casos con su actividad clínica. “Su dedicación, su esfuerzo y su compromiso son también el reflejo de la calidad de la atención que ofrecemos al paciente”, matizó la consejera.

Para finalizar también hizo hincapié en los retos de futuro. “Estos desafíos, que están también presentes en la formación médica, nos reafirman en el compromiso con la excelencia en la que trabaja el ámbito universitario para, por un lado adaptarse a los avances tecnológicos y digitales en la enseñanza y práctica médica, y por otro para reforzar la investigación en salud y la formación basada en la humanización de la medicina y los avances en la seguridad del paciente”, concluyó Monzón.

El Consejo de Ministros ha autorizado, con carácter previo a la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la distribución a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla de 38.500.000 euros para actuaciones en materia de salud mental.

Estos fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado dentro del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que es la herramienta que facilita la implantación en el SNS de las recomendaciones que se hacen en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

El objetivo de dicho Plan de Acción es contribuir a la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS, de forma que permita afrontar los efectos en la salud mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de COVID-19.

Las acciones a desarrollar por el Plan de Acción se presentan a través de seis líneas estratégicas y han sido consensuadas con las comunidades autónomas y sometidas al CISNS para la aprobación de su financiación.

Los fondos autorizados se van a distribuir a todas las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y el INGESA en un 5% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95% distribuido por criterios poblacionales.

Un mayor consumo de la mayoría de los alimentos ultraprocesados está relacionado con un riesgo ligeramente mayor de muerte.

Entre estos productos utraprocesados se encuentra los que tienen base de carne, aves y mariscos listos para comer, así como las bebidas azucaradas, los postres lácteos y los alimentos para el desayuno altamente procesados.

Así consta una investigación estadounidense de 30 años dirigida por Mingyang Song, del Departamentos de Epidemiología y Nutrición de la Universidad de Harvard.

Los alimentos ultraprocesados incluyen productos horneados y sancks envasados, bebidas gaseosas, cereales azucarados y productos listos para comer o calentar.

A menudo contienen colorantes, emulsionantes, aromas y otros aditivos y suelen tener un alto contenido energético, azúcar añadido, grasas saturadas y sal, pero carecen de vitaminas y fibra.

Cada vez hay más pruebas que vinculan los alimentos ultraprocesados con mayores riesgos de obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer de intestino.